En los años 90´, políticas neoliberales propiciaron e incentivaron un fuerte endeudamiento empresario. Las empresas contrajeron grandes deudas en el exterior, pagaderas en dólares. Luego, con la ruptura de la paridad del peso con el dólar, en el año 2001, si bien muchas empresas lograron licuar las acreencias internas, se desvalorizaron sus activos y las deudas en dólares contraídas en el exterior crecieron y las dejaron al borde de la quiebra. Esto evidenció también, la fragilidad económica de las corporaciones dueñas de grandes medios de difusión en el país, como el grupo Clarín, respecto de sus acreedores externos que, después de la crisis económica, ellos tenían la posibilidad de quedarse como propietarios de dichas empresas de medios. Estos grupos de diarios, tv, radio y cable, algunos de los cuales habían sido funcionales a volver invisible la problemática del endeudamiento externo ilegítimo, incluso que supieron alabar el mecanismo de la deuda odiosa, en carne propia, sintieron las consecuencias de esa política financiera y crediticia injusta. Entonces, presionaron, para que el Estado defienda a los medios de difusión como bienes culturales, a los fines de evitar caer en manos de los acreedores extranjeros.
Así, por ley 25.563, en febrero de 2002, se declaró la emergencia productiva y crediticia originada en la situación de crisis por la que atravesaba el país y, en función de ello, se suspendió en la ley de quiebra, la figura del llamado “cram down”. Éste mecanismo posibilitaba que otras personas, (no la fallida) adquieran el capital social y por ello, quedarse con las empresas en quebranto.
Pero una vez más, la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo que, en mayo de 2002, a los tres meses de suspendido el “cram down”, por Ley 25.589 se reinstituyó la figura en la ley de quiebra y en la nueva norma, no se contempló ninguna excepción para las entidades comunicacionales.
Atento el peligro que se cernía nuevamente sobre las empresas periodísticas nacionales y la posibilidad que pudieran pasar a manos del capital extranjero, en el año 2003, se dictó la ley nacional 25.750. La norma determinaba, en lo que aquí importa, que el Estado nacional preservará especialmente, entre otros bienes culturales, a los diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general; a los servicios de radiodifusión y de cable; a las productoras de contenidos audiovisuales y digitales; a las proveedoras de acceso a Internet y a las empresas de difusión en vía pública. Asimismo, se ordenó que no puedan las empresas culturales ceder el control sobre los contenidos de su producción.
La realidad demostró que las intenciones de lo que se buscaba no se cumplieron en su esencia y para todos. Los bienes culturales formadores de la opinión pública no podían ser sometidos a “cram down” pero, en los hechos, se fue dando una mayor dependencia de capitales extranjeros en el manejo de los grandes medios de difusión, y éstos se concentraron cada vez más. Cuanto más grave ello, si los acreedores que entraban de esta forma a participar en las decisiones eran, por lo general, entidades crediticias extranjeras, que también eran acreedoras de deuda externa ilegítima de Argentina, por ejemplo, entre ellos los bancos norteamericanos JP Morgan-Chase, Goldman Sachs y Citibank.
Así, llegamos en el año 2018, cuando queda evidenciado que Mauricio Macri privilegia la protección de los bienes culturales cuando le son afines y que llevan su discurso hegemónico y operan con la fuerte presencia de bancos, como los antes mencionados o sus asesores. Mientras tanto, el gobierno se ocupa de ir haciendo desaparecer a aquellos medios y periodistas que no avalan su política y criterios.
Además, el objetivo de la ley de protección de los bienes culturales era para preservar diversas expresiones de la realidad del país, con sentido nacional y federal. Sin embargo, a Radio Nacional se la está vaciando de contenidos locales, convirtiendo a las señales en meras repetidora de Radio Nacional central. También en dicho medio público se están cerrando frecuencias de FM y despidiendo periodistas, sin descartar que existe una alarma ante la posibilidad que se busque privatizar emisoras de Radio Nacional.
Por su parte, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ha decomisado equipos de radios comunitarias, alternativas y populares, que no pueden legalizarse integralmente, ya que el Estado no avanza en la distribución de frecuencias, cuando a dichos medios sin fines de lucro la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, vigente en la temática, les reserva el 33 por ciento del espectro.
Asimismo, hay hostigamientos y despidos en la agencia nacional de noticias (Telam) y en la Televisión Pública.
Todo lo que deja en claro, que fundados en la necesidad de defender la cultura, sólo se ha garantizado especialmente, la preservación del capital y las ganancias de las grandes empresas comunicacionales. Y ahora, se desarman y dejan morir a los otros medios e incluso, el Estado quiere deshacerse de algunos de los que posee, y no para el bien de la democratización de la palabra.
A su vez, respecto de los llamados bienes culturales no se puede dejar de hacer presente que, en la conceptualización de ellos, hay que cuidar a los periodistas y las periodistas que le dan el verdadero contenido cultural, a la información y al ejercicio de la libertad de expresión. Las grandes imprentas, las computadoras y demás objetos del inventario empresarial, no sirven para conformar un bien cultural, son sólo soportes. Pero, en aras de salvar el capital, como nunca, en los últimos tiempos, se han despedido u obligado a retiros voluntarios a gran cantidad de periodistas, no obstante ser ellos los que hacen a la esencia y contenido del bien cultural, que también hay que preservar por el Estado y la sociedad toda.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado Constitucionalista y
Periodista columnista de opinión
Bienes culturales y Periodistas
