En este momento, la sociedad siente una profunda y desagradable sensación de desamparo, impotencia y miedo.
Desamparo, porque se quiere un Estado eficaz, respetuoso de las leyes al servicio de todos, sin discriminaciones, pero se lo percibe como retraído, ausente e insensible ante los requerimientos esenciales de su pueblo.
Impotencia, porque la comunidad se siente desbordada ante los problemas del desempleo, pobreza, recesión, desatención de ancianidad y niñez, impericia y corrupción en el Estado, inseguridad pública, inflación y tantos otros.
Miedo, fundamentalmente, ante un futuro que cuesta vislumbrar de manera positiva, porque el propio presente se hace difícil de entender.
Por si fuera poco, en medio de la vivencias referidas, opera casi de manera instintiva una actitud de “sálvese quien pueda”, que agudiza el cuadro de situación y tiende a generar salidas individuales, por sobre la búsqueda de soluciones integrales, justas y solidarias.
No es el caso de este artículo profundizar todas las sensaciones antes desarrolladas, pero sí detenernos en uno de los aspectos señalados como disparadores de vivencias negativas, cual es la inseguridad pública que se genera por la violencia delictiva y que, de manera especial, en los últimos tiempos, hiere y preocupa a la comunidad.
El delito cotidiano produce en la población una primera reacción defensiva, por la que se tiende a proponer acciones inmediatas de naturaleza particularmente represivas y punitivas, pero solo a partir de la óptica de las consecuencias, sin reparar demasiado en las causas que estructuralmente llevan, en muchos casos, a actitudes delictivas. Resulta impensable imaginarse una disminución significativa de los asaltos de todo tipo, de la rapiña callejera, de los robos domiciliarios, etcétera, si no se trata de encarar soluciones superadoras al contexto de escasa oferta de trabajo y el desempleo en general, de las malas remuneraciones, de la extrema pobreza, de una inadecuada educación en contra de la violencia, de una falta de convicción y eficiencia en la lucha contra el alcoholismo y la drogadicción, entre otras razones.
Asimismo, la posibilidad de ser víctima de delitos divide a la sociedad, porque dada la problemática, hay sectores que pueden defenderse con mayor eficacia que otros. Resulta evidente que aquellos que poseen más posibilidades económicas pueden arbitrar mejores soluciones para custodiar su patrimonio y su integridad física, que aquellos que tienen menos y que también son víctimas de los mismos delitos. Todo lo cual, de por sí, aumenta las desigualdades existentes en materia de seguridad.
Además, el tener que activar alarmas de todo tipo, cámaras de vigilancia, servicios de custodias y otras medidas de seguridad, constituyen una nueva carga fiscal extra al vecino, por un servicio que el Estado debe cubrir en forma debida, porque el costo de la seguridad que se tiene que garantizar adecuadamente, está incluido en los impuestos que se pagan.
Protección, no venganza
Por su parte, en el desconcierto que trae el miedo y la inseguridad, es difícil que se distingan acciones racionales de protección ante un peligro, con reacciones irracionales de venganza. Muchas veces, en la psicosis colectiva que se apodera de la ciudadanía ante los problemas del delito, se confunde, con facilidad, la legítima defensa -aceptada y justificada legal y moralmente-, con el ejercicio de la fuerza represiva con violencia irracional e ilegal, en la búsqueda indebida de una justicia por mano propia. Cabe recordar, por ejemplo, el lamentable hecho que sucedió, en la ciudad de Córdoba, en el año 2015, cuando algunos vecinos del barrio Quebrada de las Rosas lincharon a quién intentó robar un celular a un menor. El ladrón de 23 años, lamentablemente murió, después de estar en coma por dos semanas, con motivo de la golpiza que recibió. De ninguna manera, el robo de un celular justifica la muerte.
También es inaceptable que se piense en políticas de gatillo fácil, en escuadrones de la muerte, en brigadas de moralidad o en justicieros. Solo la persecución del delito, ejercida desde la ley, llevada adelante por personas que estén autorizadas y preparadas para ello, de la mano de los Fiscales y los Jueces, es el signo de civilización que nos permite diferenciarnos de la barbarie.
A su vez, no está en discusión que hay que proteger a los policías que nos defienden y ellos merecen todo nuestro afecto y respecto por lo que hacen al servicio de la sociedad. Pero de lo que se trata es que dichos policías actúen con profesionalidad y en el marco de la ley. En esto cabe recordar el reciente caso del policía Luis Chocobar, que dio muerte a un ladrón en la CABA, luego que el delincuente no significaba un peligro objetivo, ya que estaba caído herido y sin arma de fuego. Ante este suceso el presidente Mauricio Macri salió a respaldar el accionar del uniformado y públicamente manifestó que no estaba de acuerdo con lo que resolvieron los jueces actuantes. Al respecto, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, confirmó el procesamiento del policía y le imputó exceso en el cumplimiento del deber. No es bueno que, desde el máximo cargo de la Nación pueda enviarse mensajes erróneos en materia del accionar policial debido.
Falta mucho todavía por hacer, pero con una policía profesional, equipada y prestigiada -en la calidad de sus hombres y mujeres, con reconocimiento social y económico por su tarea- y fiscales y jueces eficaces y expeditivos desde la ley, permitirán pensar en ir superando la inseguridad y temor que genera el delito.
Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista
Periodista columnista de opinión
Accionar ante el delito
