La ONG Techo que viene trabajando en todo el país en problemas de ocupaciones y sobretodo de dignidad habitacional, hizo conocer su postura ante la situación imperante en Oberá y sobretodo por el comunicado oficial dado a conocer por la Municipalidad de Oberá el día martes 18. Señaló asi que «frente a la situación del Barrio 180 viviendas, repudiamos las acciones llevadas a cabo por el Municipio de Oberá, ya que discriminan, estigmatizan y criminalizan a las familias que viven allí y no generan una respuesta de fondo a la problemática de acceso a la tierra para las cientos de personas en situación de pobreza».
Añadieron que «Según el Comunicado Municipal Oficial del 18 de septiembre, la primera acción consistió en denunciar a las familias que ocuparon las tierras sin antes constatar en qué situación se encontraban. El municipio contribuye en culpabilizar y en definitiva, de lograr el desalojo de estas familias, sin proponer la búsqueda de una solución, pese a RECONOCER expresamente la “necesidad habitacional real existente en la comunidad”.
«Las familias que se encuentran ocupando estas tierras provienen en su mayoría de la lucha que vienen dando los tareferos y otros sectores de la economía informal que trabajan constantemente para mejorar su calidad de vida y para reivindicar su derecho a la tierra. Este colectivo se organiza y agrupa alimentados por un lazo de fuerte solidaridad ante la grave situación que atraviesan y el anhelo de poder gozar de un derecho que les corresponde; por el contrario su estigmatización reproduce y alimenta la desigualdad».
«La toma de tierras tiene como origen al DERECHO y la NECESIDAD de acceder a la tierra y a la falta de políticas públicas que promuevan el acceso al suelo urbano para los sectores populares».
«La situación de los asentamientos informales es URGENTE y se registran muy pocos avances. Por este motivo es necesario generar políticas estructurales que actúen sobre las causas que dan lugar a la generación de nuevos asentamientos y el crecimiento poblacional de los existentes. Son necesarias políticas de gestión, producción y regulación de acceso justo al suelo urbano y rural. Mientras tanto y hasta que los gobiernos puedan acompañar los procesos de crecimiento urbano a partir de su función distributiva (buscando equidad y justicia en el acceso al suelo y la vivienda), es menester avanzar en validar y reconocer los procesos de producción social del hábitat (72% de los referentes comunitarios declaran haberse organizado para mejorar su barrio) como ejercicio democrático de los pobladores excluidos de sus derechos y del acceso a los bienes públicos y servicios básicos».
«El accionar del municipio representa una medida determinante que criminaliza la situación de pobreza que viven estos cientos de familias. La discriminación excluye a miles de personas a derechos, oportunidades, servicios y bienes. El Estado debe reconocer la pobreza y la desigualdad como problema principal, brindar contención social y discutir con profundidad para buscar soluciones estructurales», finalizó la misiva que firma Damian Reinero, Director Gral de Techo Oberá.