Este viernes la jueza laboral de Oberá rechazó la nulidad presentada por los abogados de la empresa y los acusó de tener una “voluntad obstruccionista y dilatoria” y un “absoluto desprecio y burla del derecho de los trabajadores y del sistema de justicia”. Negó que no se haya respetado el derecho de defensa y advirtió que las medidas cautelares a favor de los trabajadores deben cumplirse y que como la empresa no cumple deberá atenerse a las consecuencias, es decir el pago de las multas que se impusieron.
A pesar del compromiso asumido en febrero último ante la jueza laboral Dra. María José Bustos de reinstalar formalmente a los choferes de UCRA CTA A, la empresa Capital del Monte siguió apelando a los más diversos recursos para incumplir la medida, entre ellos un incidente de nulidad donde denunciaban que fueron vulnerados el derecho a la defensa situación que la jueza negó firmemente.
“No se desprende de las actuaciones ni se acredita en el escrito inicial, que se haya vulnerado el “derecho de defensa” de la patronal” destaca la jueza Bustos en la resolución de fecha 19 de abril del 2017 y advierte que las sucesivas dilaciones podrían suponer “un abuso del derecho en el proceso que existe cuando se obstruye injustificadamente la litis y el curso normal del mismo”.
Este mes los trabajadores debieron comenzar a percibir los haberes tal como se ordenó en la última audiencia del 21 de febrero hecho que no ocurrió, por lo que queda claro la voluntad de seguir incumpliendo las órdenes judiciales según advierten los Dres. Roxana Rivas y Gustavo Haene asesores legales de UCRA CTA A.
La jueza Bustos dejó sentado en su última resolución que la estrategia jurídica de la empresa “no solo deja ver la voluntad obstruccionista y dilatoria de la demandada sino también el absoluto desprecio y burla del derecho de los trabajadores y al sistema de justicia” y “que toda esta engorrosa situación, al día de la fecha estaría resuelta si el demandada se hubiera limitado a cumplir la orden “provisonal” como indica siguiendo las vías recursivas correspondientes”, es decir si hubiera reincorporado a los choferes.
Advirtió además que de haber cumplido con la medida cautelar la empresa se hubiera ahorrado la cuantiosa deuda que a la fecha ya registra con los trabajadores, monto que a medida que pasan los días se acerca cada vez más a los 3 millones de pesos. “Sin embargo, evidentemente, la “estrategia jurídica” ha sido otra y como “estrategia” que es, sus consecuencias (favorables o desfavorables) deben ser soportadas por quien/es la hayan implementado.
“La patronal no está en condiciones de evaluar o supeditar a su antojo el cumplimiento de una “orden judicial”. Ello es competencia del órgano judicial superior al resolver los eventuales recursos que se planteen”, remarca en la resolución.
Desde la CTA Autónoma saludaron este nuevo fallo y exigieron una vez más se arbitren los medios para que no se siga violentando los derechos de estos trabajadores que ya llevan más de 2 años esperando que la justicia haga cumplir sus resoluciones. “Creemos que los trabajadores y nuestras organizaciones dimos todos los pasos que siempre nos exigen formalmente, agotamos todas las instancias en la justicia, ya no hay excusas para que nuestros compañeros sigan poder trabajar”, sostuvo Jorge Koki Duarte, secretario General de la Central.
Para la Dra. Rivas está última resolución “ratifica que la empresa debe cumplir con la orden judicial que es la reincorporación y el pago de haberes caídos esto independiente de lo que se resuelva en la cuestión de fondo, como también queda claro que cada día que la empresa incumpla con el fallo judicial están corriendo las multas de 5 mil diarios, es decir la empresa está acumulando una deuda exigible de casi 3 millones de pesos con estos 5 trabajadores”.