La muerte de una joven de 18 años con discapacidad motriz e imposibilitada de valerse por si misma y la posterior detención de su madre de 37 años, disparó nuevamente la alarma respecto al rol que como sociedad tenemos y sobretodo-el de la justicia- Es que si bien se conocieron algunos datos aportados por vecinas de la familia también se supo acerca de informes pre existentes que la Justicia de Familia local conocería sin actuar sobre el tema.
Teresita (37), madre de la joven Aylhen Mattos (18), ya fallecida, también era madre de dos hijas más pequeñas, una de 15 y otra de 5, que actualmente no estaban a su cuidado sino al del papá de la mayor y de la abuela paterna de la menor. En el marco de esas tenencias es que una licenciada en trabajo social aportó al Juez de familia un informe donde se mencionó la situación grave en la que vivía la joven discapacitada.
El mismo tiene sello de la Secretaría N 2 del Juzgado de familia, con fecha 6 de septiembre y en él la profesional sugería a V.S (Juez) que por: «el estado general de Ayhlen Mattos, por sus características físicas de extrema delgadez, que podrían estar relacionadas con la discapacidad o con cierto descuido o falta de asistencia diaria. No pudiéndose constatar la asistencia de la misma a controles médicos que habría tenido en el último tiempo con el pediatra (…). Miembro familiar que sería el más vulnerado en sus necesidades y derechos. Por lo que se solicita a VS que la situación sea urgentemente abordada por los organismos pertinentes», decía parte de este informe que a la vez en otro párrafo insistía «Se sugiere el abordaje de la situación integral de salud de la joven Aylhen Rocio Mattos, donde se podría inferir el alto riesgo de vida, dando intervención a los organismos pertinentes».
Sin embargo, se desconoce medida alguna de la justicia ante esta cuestión que debería haber sido de reacción urgente.
La madre de la joven ahora detenida tendría problemas de «trastornos de la personalidad bordeline o trastorno límite de la personalidad», según su médico psiquiatra, lo que justificaría la ayuda de la madre de ésta (abuela de las niñas) en la tarea diaria o de cuidado de la joven fallecida.
Es más, en enero la joven discapacitada se quedó sin su pensión por discapacidad por haber cumplido la mayoría de edad, por lo que se inició un proceso de curatela que la madre dijo en su momento no poder cumplir por falta de dinero para pagar a los profesionales. Tampoco tenía obra social.
Varias vecinas de la familia, señalaron que muchas veces Ayhlen quedaba sola- los fines de semana- y otros señalaron que nunca la vieron ya que desde julio que la madre, la abuela y las tres niñas se habían mudado a ese departamento sobre calle Andresito, debido a los costos económicos que implicaba alquilar y los magros ingresos con que contaban, el sueldo de la abuela-docente jubilada y el de Teresita como empleada doméstica- quien además debió dejar sus estudios de abogacía por la misma situación.
Consultados al respecto desde organizaciones sociales y el propio Ministerio de Derechos Humanos señalaron que no tienen forma de participar en las causas judiciales a menos que se conviertan en amicus curiae.
En el Ministerio se hacen observaciones solicitando que se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad en estos casos, pero no se convierten en defensa de la o las acusadas.
Sin embargo, las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de la mujer y los derechos humanos como la CTA mencionaron que «lamentablemente estos casos se repiten, la madre es la primera acusada y no se tiene en cuenta el contexto general, el padre ausente, el estado o la misma justicia ausente, no importa de qué juzgados hablemos, existe una criminalización de mujeres vulnerables que realmente preocupa», dijo Alicia Rivas.