No es la primera vez que los obereños se quedan sin el servicio público de pasajeros, lamentablemente. A pesar de que la carta orgánica dice que debe garantizarse el mismo, hay leyes, normativas, que incluso mencionan multas, pero nadie las hace cumplir.
Los funcionarios-llámese Intendente, concejales y hasta la misma Defensoría del Pueblo- siquiera apelan a la justicia con una medida cautelar para garantizar el servicio mínimo y crear un antecedente. Se reúnen, mandan notas para pedir se cumpla y se «vele por el normal funcionamiento». Mientras tanto, el problema entre la Empresa y los choferes deja a miles de personas de a pie.
El artículo 23 de la Carta orgánica municipal, hace referencia a los derechos de usuarios y consumidores, expresa así que:» La Municipalidad garantiza la prestación de servicios públicos necesarios y asegura las condiciones de regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios….» Sin embargo, van dos días de paro, con reclamo justificado por parte de los choferes, pero con una situación extorsiva hacia los usuarios por parte de la empresa, que señala una y otra vez, no se le abona el subsidio nacional correspondiente- en medio de un pedido de aumento del costo de boleto-.
Este jueves, se levantaría el paro, luego de reuniones que se sucedieron entre uno y otro organismo, pero sin medidas contundentes que apunten a una solución del conflicto a futuro.
Se asiste así una vez más a la vulneración de derechos de los ciudadanos, derecho garantizado incluso por la Constitución nacional, al menos con servicio mínimo, que no se cumple