Desde hace 9 años, Myriam Sosa no puede ejercer como docente, luego de una denuncia de fraude de documentación de licencias que dice, comprobó no existía. Sin embargo, desde entonces y hasta ahora-a diferencia de otros casos- mientras se sustanció la investigación jamás cobró un sueldo. A punto de prescribir su causa, ya que la justicia tampoco dá respuestas dió a conocer una carta abierta donde explicó su situación.
«El Consejo General de Educación hace 9 años me dejó fuera del sistema educativo provincial, quedándome sin trabajo y sin percibir haberes en octubre del 2012; a causa de una denuncia administrativa injustificada que me acusa de adulteración de documentación, mediante la Resolución 1586/15. Se ofrecieron pruebas de mi inculpabilidad, las que el Consejo General de Educación nunca respondió.
Esta situación me quebró económicamente, como profesional y a nivel emocional ya que en ese momento mis tres hijos eran estudiantes universitarios a mi cargo.
Siendo afiliada a la UDPM nunca recibí atención ni contención del gremio en ningún aspecto, es decir me dejaron sola y abandonada.
Soy docente en Arte desde hace 35 años, estudié y me capacité dentro y fuera de la provincia de Misiones, para el cumplimiento y desempeño en la tarea docente y como artista, profesiónes que amo desde la niñez. Aún hoy sin contar con mi puesto de trabajo sigo estudiando y capacitando en mi profesión. Pueden dar testimonio de mi profesionalismo y dedicación los cientos de jóvenes y adultos que han sido mis estudiantes quienes me acompañaron en la tarea de la enseñanza y aprendizaje.
He solicitado reiteradas veces audiencia con la Dr. Rossana Venchiarutti (Presidente del Superior Tribunal de Justicia) para explicar mi caso y nunca me concedió una reunión. Fui y soy ignorada por una justicia provincial que me obliga a una vida de extrema pobreza vulnerando todos mis derechos.
Soporté en silencio y con abnegada paciencia que esta situación se resuelva por las vías correspondientes pero la justicia provincial hace oídos sordos a la problemática. Han pasado nueve años de soportar calladamente, ya es hora que se escuche mi voz.
La Resolución 1586/15 del Consejo General de Educación implica una clara persecución hacia mi persona, coarta mi derecho a trabajar y así mismo me imputa un delito.
He agotado todas las instancias legales para resolver mi caso pero la burocracia judicial de la provincia de Misiones no resuelve el recurso de revocatoria que junto al expediente 439/2012 duermen tranquilamente en algún cajón del Superior Tribunal de Justicia.
Invito al Sr. Juan Alberto Galarza, Presidente del Conejo General de Educación que me explique y argumente ¿Porqué otros docentes con denuncias penales de público conocimiento, siguen percibiendo sus haberes?
¿Porque la única sanción del Consejo fue sepáralos de sus cargos y trasladarlos a nuevas tareas dentro del sistema educativo provincial sin dejar de cobrar sus sueldos? y yo soy excluida del sistema educativo provincial, sin trabajo, sin percibir haberes, sin tener acceso a una jubilación, pudiendo sobrevivir únicamente con la ayuda y la solidaridad de mis familiares por causa de una denuncia administrativa injustificada.
Mi situación económica es inestable y extremadamente precaria, exijo que me devuelvan con urgencia el trabajo que me arrebataron injustamente. Toda persona tiene derecho al trabajo para vivir con dignidad. El derecho al trabajo es esencial, el derecho al trabajo es un derecho constitucional y forma parte inherente de la dignidad humana.
Se han vulnerado y violado todos mis derechos como trabajadora, docente y como ciudadana, por tal motivo solicito al Superior Tribunal de Justicia resuelva el recurso de revisión y se declare la nulidad del expediente administrativo.
Seguiré en la lucha hasta las últimas consecuencias», sostuvo en su carta abierta.