Más de 20 familias que habían solicitado a la Defensoria del Pueblo su intervención para solucionar la problemática de falta de servicios, luego de ocupar tierras municipales y privadas al final de la calle Balcarce y Orcadas, no podrán lograr el permiso para ello ya que desde el municipio no se autorizó la instalación de agua y luz.
En la sede de la Defensoría, se dieron cita en la mañana de este viernes, los vecinos involucrados, la Defensora del Pueblo Patricia Nittmann, el Director de Asuntos Jurídicos municipal, Matías Frick, un representante de la Subsecretaría de tierras de la provincia, Rodrigo Diello y el propietario de un sector de las tierras ocupadas, Gustavo Petterssen.
«Se aclaró que el ámbito de actuación de cada institución tiene un marco y hay que respetarlo, ese marco esta conjugado en normas provinciales, municipales y demás. En lo que respecta al uso público de un sector que con el correr de los años se fue avanzando, hay un porcentaje ocupado por varias familias y no podemos dar la autorización de hacerlo, yendo en contra de lo que son las normas provinciales y lo que dice nuestra carta organiza, en cuanto atenta contra el desarrollo urbano planificado, drenaje de precipitaciones, uso del suelo, hay un arroyo cerca, etc», explicó Frick.
Dijo que » éste es un bien que le pertenece a toda la comunidad, ha sido un terreno donado por un particular con un fin especifico, por eso no se puede autorizar la instalación de servicios, el terreno lindero que es privado depende ya de su propietario lo que haga», señaló.
Justamente, Gustavo Petterssen, propietario de los 10 lotes linderos (muchos ocupados por estas familias), sostuvo que si se abonara el valor del mismo, sea por los particulares o por el estado, no tendría problema de que se bajen los servicios, el valor de cada lote es de 10 mil dólares, cosa que los ocupantes- de condiciones humildes- no pueden hacer frente. «Sé que la gente que está allí lo necesita, y lo entiendo, pero tiene un valor económico eso», apuntó.
Por el momento, se pasó a un cuarto intermedio para ver si se avanza en la cuestión hasta el 14 de mayo. Las familias allí instaladas- desde hace ya hace 2 años y medio- tienen una denuncia judicial de por medio.