En el corralón municipal de Oberá se aglomeran más de 300 motovehículos producto de infracciones, mayormente por el estado de las mismas que no reúnen requisitos para circular. A pesar de que en el año 2013 se sancionó una ordenanza para su baja y destrucción o remate, aún no se puede implementar porque requiere coordinación entre el Juzgado de Faltas local , los Registros del automotor existentes y el Ejecutivo obereño. Por lo tanto, se siguen acumulando motos que a la larga se convierten en chatarra.
«Existe una ordenanza del 2013 mediante la cual y una vez que son secuestradas de manera preventiva las motos, cuando se miden los decibeles de sus caños de escape y éstos y son considerados nocivos o contaminantes, pierden la propiedad de sus dueños y son destruidos, pero esto no ocurre con los motovehículos», dijo Francisco Sa, Juez de Faltas de la ciudad.
Sostuvo que «con las motos- sí bien esta ordenanza se sancionó con ese objetivo- no se puede hacer lo mismos porque es una propiedad privada y ahí interviene el Registro de la propiedad automotor, o sea, hay que darle la baja y es un trámite que nos excede , por lo que se complica porque hay que coordinar con el Ejecutivo municipal y con los Registros de la propiedad automotor, ya sea para remate o destrucción, para darle de baja en definitiva», explicó Sá al Aire de Integración.
Indicó que «la única alternativa que encontramos, es entregar algunas motos como depositario administrativo a alguna institución, ya sea la policía o entidad que lo necesite», mencionó.