En este momento, la sociedad percibe la imagen de los políticos desdibujada, con propuestas que no son las que se debe esperar de ellos.
El objetivo esencial del accionar de un político debe ser, particularmente, el de poner toda su habilidad y empeño, (su arte, al decir de Aristóteles), para tratar de lograr “hacer posible lo necesario”, sin embargo, en los hechos hoy, dicho objetivo se ha transformado y los gobernantes parecen únicamente buscar “hacer necesario, sólo lo posible”. Y, en ello, no importa, incluso, que lo que se priorice sea superfluo o prescindible o lo que se deje de cumplir sea esencial y necesario para la sociedad. No es un juego de palabras. Esta concepción, pragmática y facilista del ejercicio de las funciones públicas, está coartando la imaginación política, está desnaturalizando la esencia del fin del Estado Democrático y por sobre todo, está matando la esperanza del pueblo.
La pereza imaginativa de la clase gobernante, entre otras razones, ha llevado a justificar, en la crisis del Estado Benefactor, la indiferencia ante lo necesario e imprescindible para la comunidad. Esta anestesia de la conciencia, adormece las utopías trascendentes que deben guiar los desafíos de un político a los fines de gestionar el poder, al servicio del bien común.
La nueva concepción ha convertido en objetivo básico el achicar el Estado privatizando directa o indirectamente (caso reciente de Arsat3), -como si fuera un fin en sí mismo- y conforme a ello, se trata de reducir la función estatal a una mera operación de suma o resta.
En realidad, hoy el Estado no se plantea, esencialmente, tratar de cumplir las prestaciones que lo justifican, sino gastar lo menos posible y recaudar a toda costa, aunque ello signifique desatender servicios fundamentales, el cierre de fuentes de trabajos o el desaliento para emprendimientos empresariales de progreso y desarrollo. Y, en esa mentalidad de no gastar y recaudar, no importan las prioridades sociales, ni romper reglas propias del Estado de Derecho. En ello, ahora pretenden flexibilizar las leyes laborales o no cubrir los medicamentos a los ancianos, o recortar las asignaciones sociales, o quitar los subsidios a los discapacitados, o elevar la edad jubilatoria, etc. eso sí, el gobierno nacional crea, a fines de 2016, algo no esencial, como la “Dirección de Movilidad en Bicicleta” y nombra a la directora de la repartición con un alto sueldo.
El Estado, de acuerdo a esta lógica, además, prioriza y pone imaginación en lograr los dineros que necesita para abonar especialmente, las deudas externas contraídas, muchas veces con intereses usurarios y destinos poco claros. En el gobierno de Mauricio Macri la deuda externa crece mil ochocientos millones de pesos por día; se suman dieciocho millones de pesos de intereses por hora y tenemos, en este momento, cinco mil cuatrocientos billones de pesos adeudados de capital.
La deuda externa manda
Ante ese panorama, los esfuerzos de la actividad gubernamental se ponen al servicio de obtener recursos para pagar esas deudas externas y sus intereses y también en ello endeudarse más, si fuere necesario. Se busca que nada impida pagar, aún cuando dichas supuestas acreencias sean injustas y odiosas. Esa actitud es llevada a dogma por cierta clase política que quieren su propio bienestar y seguridad y que, en muchos casos, guardan su dinero en paraísos fiscales (Panamá Paper) o fuera del país, como el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que ha declarado que posee setenta y cuatro millones de pesos en el exterior.
En su aplicación de esos criterios, sin contemplaciones, nos llevan a presenciar, diariamente, el triste espectáculo del cierre de servicios públicos, al despido de empleados, al recorte de prestaciones, la quita de fondos para las investigaciones (como lo que sucede con el CONICET), etc., sin importar demasiado el costo social que genera el no cumplimiento adecuado por el Estado de servicios imprescindibles para la comunidad.
En esta perspectiva política, fría, calculadora y sin prioridades éticas, tampoco importa al nuevo Estado, que se dice que cambia, cumplir la ley o hacerla cumplir, si ello le significa no recaudar o gastar en lo que no le interesa.
En los últimos tiempos, como nunca en Democracia, se han ignorado, desconocido y violado derechos y garantías constitucionales y legales, en la medida que las mismas no se adaptaban a los nuevos fines de quienes detentan el poder público. Mientras tanto, la Sociedad que administran sigue teniendo sin resolver, -agravándose cada día más-, urgencias alimentarias, de salud, de educación, de trabajo, de justicia, de seguridad, de asistencia social, etc.
En esta mentalidad de gobierno, triunfa sólo el que menos gasta y no el que con más dedicación imagina soluciones a los reales problemas de la comunidad. Y, en un verdadero juego de desentendimiento y de evasión de responsabilidades, ante un servicio que se deba prestar que demanda gastos y que no se puede cerrar, en el mejor de los casos, el Estado se limita a brindar una prestación elemental y si se puede, lo trata de transferir para no asumirlo.
Todo pareciera en un círculo vicioso, en el que el punto final de este estilo político no parece alumbrar cambios sino, por el contrario, una profundización agravada del mismo mal.
Miguel Julio Rodriguez Villafañe
Abogado Constitucionalista y Periodista de Opinión